Por: Miguel Angel Trujillo

Tras la detención de dos excongresistas por corrupción, María José Pizarro pide que se persiga a todos los corruptos sin distinción.

La reciente captura de Andrés Calle e Iván Name, ambos expresidentes del Congreso colombiano, ha desatado una ola de reacciones en el país. Los exfuncionarios están siendo investigados por su presunta implicación en una red de sobornos vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este caso ha puesto de relieve la persistente lucha contra la corrupción en las esferas políticas de Colombia.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, utilizó su plataforma en X para expresar su indignación y exigir una justicia imparcial y rigurosa. Pizarro denunció que Colombia ha estado controlada por un "modelo corrupto" que ha favorecido a las élites mientras el pueblo enfrenta condiciones de pobreza y exclusión. Su demanda es clara: la justicia debe ser igual para todos, abordando no solo casos recientes sino también aquellos que han quedado en la impunidad.

Pizarro hizo referencia a numerosos escándalos, como Odebrecht y Agro Ingreso Seguro, que han manchado la política colombiana. Según la senadora, estos casos demuestran la necesidad de un sistema judicial que no sea selectivo y que combata la corrupción sin proteger a ciertos individuos debido a sus posiciones o influencias políticas.

La senadora también criticó la hipocresía de algunos sectores políticos que se resisten a las reformas estructurales necesarias para erradicar la corrupción, mientras simultáneamente encubren malas prácticas. Propuso un "pacto por la verdad y cero impunidad" como parte de un esfuerzo más amplio para limpiar la política colombiana de corrupción y restaurar la confianza pública en las instituciones del país.

Este llamado a la acción de Pizarro resalta la urgencia de adoptar medidas efectivas contra la corrupción en todos los niveles del gobierno. El caso de Calle y Name podría ser un punto de inflexión para Colombia, demostrando que nadie está por encima de la ley y que el país está comprometido con una reforma profunda para asegurar la justicia y la equidad.