Por: karol Yulieth Lopéz león

Proyecto de Acuerdo 097, que busca prohibir el consumo de drogas en espacios públicos de Bogotá, avanza en el Concejo tras su aprobación en primer debate. La concejal Diana Diago critica la gestión del alcalde Galán.

El Concejo de Bogotá dio un paso importante en la regulación del consumo de drogas en espacios públicos. El Proyecto de Acuerdo 097, que busca prohibir esta práctica en zonas estratégicas de la ciudad, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno. La iniciativa, impulsada por la concejal Diana Diago (Centro Democrático), ha generado debate y críticas a la administración distrital.


El proyecto, radicado a inicios de 2024, busca ampliar las zonas restringidas para el consumo de drogas, incluyendo cannabis, cocaína y otras sustancias psicoactivas, más allá de lo establecido en el Decreto Distrital 825 de 2019. Este decreto ya prohíbe el consumo en las cercanías de colegios, hospitales y transporte público. La iniciativa pretende fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a la población vulnerable.

La concejal Diago ha sido una férrea impulsora de la iniciativa, acusando al alcalde Carlos Fernando Galán de una actitud permisiva frente al consumo de drogas en la ciudad. Diago afirma que esta permisividad ha contribuido al aumento del microtráfico. Hasta el momento, el alcalde Galán no se ha pronunciado públicamente sobre el proyecto. La Comisión de Gobierno, tras un intenso debate, decidió avanzar con la propuesta a un segundo debate.

El Proyecto de Acuerdo 097 se sustenta en la necesidad de crear "Zonas Libres de Drogas", estableciendo sanciones bajo el Código Nacional de Policía para quienes incumplan la norma. Se espera que la implementación de estas zonas contribuya a la disminución del consumo visible de drogas en espacios públicos de alta concurrencia. Se busca un equilibrio entre la protección de derechos fundamentales y el bienestar de la comunidad.

Este proyecto representa un avance significativo en la política pública contra el consumo de drogas en Bogotá. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de la asignación de recursos, la capacitación de las autoridades y la colaboración ciudadana. La controversia generada alrededor del proyecto refleja la complejidad del problema y la necesidad de un enfoque integral que combine la regulación, la prevención y la atención a las personas con problemas de adicción.