Por: Miguel Angel Trujillo

El 16 de junio, camioneros colombianos iniciarán un paro indefinido en protesta por el incumplimiento de acuerdos gubernamentales y el deplorable estado de las vías. La medida, inicialmente en Nariño y Cauca, amenaza con extenderse a todo el país.

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha convocado a un paro nacional a partir del 16 de junio, generando incertidumbre en el país. La falta de inversión en infraestructura vial y la inseguridad son los principales motivos de esta decisión.

El paro, inicialmente previsto para Nariño y Cauca, surge como respuesta al incumplimiento de acuerdos pactados tras el paro de julio de 2024. La ACC denuncia el abandono por parte del Gobierno Nacional y la falta de un diálogo efectivo con la Ministra de Transporte. Esta situación agrava la crisis del sector, ya golpeado por la inflación y la alta carga impositiva.

El presidente de la ACC, Alfonso Medrano, ha señalado directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la falta de respuesta a sus demandas. Medrano declaró: “No hemos visto voluntad política para solucionar los problemas que afectan a los camioneros del país. La situación es insostenible”. Su crítica se extiende a la falta de mantenimiento de las carreteras, especialmente en el sur, que impacta directamente en los costos operativos y la seguridad vial.

El mal estado de las carreteras, aunado a la inseguridad en zonas como la vía Panamericana, ha generado un clima de malestar entre los transportistas. El anuncio de una posible reapertura de la frontera al transporte internacional, sin garantías de seguridad ni infraestructuras adecuadas, ha exacerbado la situación. Esta situación podría afectar significativamente la economía nacional, afectando el abastecimiento de alimentos y mercancías.

El paro nacional de camioneros evidencia las profundas brechas entre el Gobierno y las comunidades más vulnerables, evidenciando la necesidad urgente de políticas públicas que impulsen un desarrollo equitativo e integral. Las consecuencias de esta medida podrían ser devastadoras para la economía del país si el gobierno no atiende las justas demandas de los transportistas. La falta de diálogo y la falta de inversión en infraestructura vial han generado este conflicto, que sólo se resolverá con una gestión gubernamental más efectiva y un enfoque en la justicia social.