Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Ley Ángel, recientemente aprobada en Colombia, impone penas más severas para el maltrato animal y mejora los procesos judiciales relacionados.

En un conversatorio organizado por la Universidad del Rosario, la Senadora Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel, destacó la necesidad de esta legislación ante las alarmantes estadísticas de maltrato animal en el país. Desde 2016, se han registrado más de 15.500 denuncias, pero solo 212 han resultado en condenas. La ley busca no solo aumentar las penas para quienes maltraten animales, sino también diferenciar entre los grados de maltrato y prohibir a los condenados la tenencia de animales en el futuro.

Durante el evento, Padilla resaltó la importancia de implementar la ley efectivamente, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la justicia es más complicado. "La Ley Ángel no puede quedarse en el papel", afirmó, subrayando la urgencia de capacitar adecuadamente a las autoridades locales para manejar estas denuncias de manera eficiente y rápida.

La ley también introduce procedimientos verbales ágiles que obligan a los inspectores a citar audiencias en un máximo de cinco días, un cambio significativo que busca acelerar la respuesta judicial. Además, se establece la capacitación anual obligatoria en protección animal para jueces, fiscales y policías, asegurando que los operadores de justicia estén bien informados sobre la gravedad del maltrato animal y actúen en consecuencia.

Diana Rocío Bernal, codirectora de la Maestría en Bioética y Bioderecho de la Universidad del Rosario, apuntó que más allá de lo jurídico, la Ley Ángel representa un cambio ético fundamental. "Es una declaración de que no podemos seguir tolerando el maltrato animal como si fuera normal", explicó. Este enfoque no solo busca castigar, sino también educar y cambiar la percepción cultural del trato hacia los animales, reconociéndolos como seres sintientes y merecedores de respeto y cuidado.