Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Gobierno de Gustavo Petro respalda una consulta popular sobre reforma laboral en Colombia, mientras el Congreso enfrenta tensiones por una apelación al hundimiento del proyecto.

El 14 de mayo de 2025, Colombia se encontraba en un momento crucial para la reforma laboral, con el Gobierno y el Congreso preparando el terreno para una consulta popular. Esta consulta, respaldada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, busca recoger la opinión ciudadana sobre una reforma que ha generado divisiones significativas en el legislativo. La reforma, que había sido previamente rechazada en el Senado, enfrenta una nueva oportunidad a través de la apelación impulsada por algunos sectores políticos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fueron voces destacadas en la defensa de la consulta. Benedetti subrayó la existencia de "dos caminos" para la reforma: la consulta popular y la apelación legislativa. Por otro lado, figuras como Fabián Díaz y Angélica Lozano del Partido Verde, impulsaron la apelación al hundimiento de la reforma, argumentando que podría ser una vía más rápida y menos costosa para implementar los cambios necesarios.

La jornada estuvo marcada por debates intensos y una clara división entre los que apoyan la consulta popular y aquellos que prefieren resolver la reforma directamente en el Congreso. Los críticos de la consulta, liderados por el Partido Liberal y su representante César Gaviria, argumentaron que la consulta era innecesaria y representaba un gasto excesivo, mientras que sus defensores la consideraban una herramienta democrática esencial para incluir a la ciudadanía en decisiones fundamentales.

El escenario político refleja una lucha entre la búsqueda de un consenso amplio y la urgencia de implementar reformas que el Gobierno considera cruciales para el futuro laboral del país. La decisión de proceder con la consulta y la apelación no solo determinará el curso de la reforma laboral, sino que también podría definir la relación entre el Gobierno de Petro y un Congreso profundamente dividido. Las próximas decisiones serán clave para entender hacia dónde se dirige Colombia en términos de derechos laborales y participación ciudadana.