Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado la suspensión de las mesas de trabajo para la revisión de la UPC, citando insuficiente participación ciudadana.

Bogotá, 13 de mayo de 2025. La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social suspender por 30 días las mesas de trabajo destinadas a calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el sistema de salud asigna anualmente por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos esenciales. Esta medida responde a la falta de garantías de participación ciudadana en el proceso, según lo exige la Constitución Política.

La decisión fue adoptada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. El auto señala que, si bien el Ministerio, bajo la dirección del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, sí cumplió con la creación de las mesas técnicas, no ha garantizado una participación efectiva de los sectores interesados, como organizaciones médicas, gremios económicos, asociaciones de pacientes y entes de control.

“La participación ciudadana es un mandato constitucional y debe ser efectiva en la toma de decisiones sobre políticas públicas de salud”, indicó la Corte. Por esta razón, se ordenó la suspensión inmediata de las sesiones por un periodo de 30 días, tiempo en el cual el Ministerio deberá ajustar las reglas de funcionamiento de dichas mesas. Entre los aspectos a modificar se encuentran la revisión técnica del rezago y la suficiencia de la UPC, la equidad en los tiempos de intervención de los participantes y la inclusión de todos los sectores implicados, conforme con los postulados constitucionales.

La medida se sustenta en observaciones presentadas por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asocajas, Acemi, la Procuraduría General de la Nación y diversas asociaciones de pacientes. Estas entidades manifestaron que el Ministerio, presuntamente, ha retrasado el cumplimiento de decisiones judiciales previas y ha actuado con poca transparencia. Según las asociaciones de pacientes, esta situación compromete el acceso oportuno a tratamientos y pone en riesgo el funcionamiento del sistema de salud.

El fallo reitera que el Ministerio debe garantizar una participación amplia y sustantiva en la toma de decisiones, tal como lo establece la Sentencia T-760 de 2008. Asimismo, señala que cualquier proceso de ajuste técnico o financiero en el sistema de salud debe estar acompañado por mecanismos democráticos y deliberativos que permitan la representación efectiva de todos los actores involucrados. Con esta determinación, la Corte Constitucional busca fortalecer la legitimidad del proceso de cálculo de la UPC y asegurar que las decisiones que afectan el acceso a la salud de millones de colombianos se tomen de manera transparente, participativa y conforme a los principios del Estado social de derecho.