Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Supermercados D1 enfrenta una investigación por explotación laboral tras denuncias de sobrecarga, bajos pagos y despidos injustificados. El Ministro de Trabajo ya ordenó una indagación formal.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, ha iniciado una investigación a la cadena de supermercados D1 por presuntas prácticas de explotación laboral. Las denuncias, presentadas por trabajadores y la Red de Veedurías, señalan graves irregularidades en las condiciones laborales de los empleados de la compañía. Estas incluyen sobrecarga laboral, pagos insuficientes de horas extras y despidos injustificados, además de reportes de maltrato y acoso. La investigación busca determinar la veracidad de estas acusaciones y sus posibles consecuencias.

El Ministro Sanguino expresó su preocupación ante la magnitud de las ganancias de D1 ($373.200 millones en 2024), contrastándolas con las posibles condiciones laborales de sus empleados. “Sería de suma gravedad que una empresa con tales utilidades someta a sus trabajadores a un régimen laboral ilegal e inmoral”, afirmó el Ministro, recalcando la importancia de garantizar condiciones de trabajo justas y dignas para todos. La Red de Veedurías ha sido fundamental en la recolección de testimonios y pruebas que sustentan estas denuncias.

Los trabajadores denuncian que realizan tareas que superan sus funciones contractuales, con un solo empleado asumiendo responsabilidades que corresponderían a cinco. En el caso de los asistentes de ventas, por ejemplo, sus contratos incluyen además el descargue de mercancía, la organización de la bodega y el registro en los puntos de pago. Esta sobrecarga de trabajo, sin la debida compensación, genera un ambiente laboral extenuante y perjudicial para la salud física y mental de los empleados.

Esta investigación pone en evidencia la preocupante realidad de la explotación laboral en algunas empresas del país, a pesar de sus elevados beneficios económicos. El caso de D1 sirve como un ejemplo de la necesidad de una mayor vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo y otras entidades competentes para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y prevenir situaciones de abuso. Las posibles sanciones, si se comprueban las irregularidades, podrían incluir multas significativas y la adopción de medidas correctivas para asegurar mejores condiciones laborales para los trabajadores de D1. El Presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, manifestó que continuarán vigilantes para asegurar que se tomen las medidas adecuadas.