Por: Miguel Angel Trujillo

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, rechazó las acusaciones de cohecho, peculado y lavado de activos imputadas por la Fiscalía colombiana.

El escándalo que sacude a la política colombiana se intensificó con la audiencia virtual del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. La Fiscalía General de la Nación le imputó tres graves delitos: cohecho, peculado y lavado de activos, en relación con irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). González, enfrentando un momento crítico en su carrera, negó todas las acusaciones.

“No acepto los cargos, ya que todas son calumnias sin fundamento”, afirmó González durante la audiencia. La Fiscalía argumenta que el exfuncionario habría utilizado su posición para influir en los congresistas Iván Name y Andrés Calle, buscando apoyo para reformas gubernamentales a cambio de beneficios indebidos. Este caso pone en evidencia la complejidad de las relaciones entre altos cargos gubernamentales y legisladores en Colombia.

Según la investigación, González habría dirigido una red que desvió fondos destinados a la atención de emergencias nacionales. Testimonios de exfuncionarios de la UNGRD y documentos presentados ante la Corte Suprema de Justicia sugieren que el exdirector jugó un papel central en el manejo inapropiado de recursos significativos, lo que ha provocado una ola de indignación y llamados a la justicia en todo el país.

El caso ha tenido repercusiones políticas importantes, incluyendo la suspensión de varios miembros del Partido Verde y la recuperación de más de $614 mil millones de pesos, evidenciando un esfuerzo por parte de las autoridades para limpiar la corrupción arraigada en el sistema. La próxima audiencia, programada para el 6 de junio, será crucial para determinar las medidas de aseguramiento contra González y podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia.