Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate sugerido por funcionarios estatales, logrando su liberación sin intervención oficial directa.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. La falta de avances significativos en las investigaciones llevó a funcionarios del Estado a aconsejar a la familia negociar directamente con los captores. "Nos sentimos abandonados por el gobierno", expresó el tío de Lyan, quien también es médico, reflejando la desesperación de la familia durante el cautiverio del menor.

Una prima de Lyan tomó la valiente decisión de contactar a los secuestradores, logrando establecer un acuerdo para el pago del rescate. A pesar de la liberación del niño, la familia ahora enfrenta una considerable deuda económica. "No somos delincuentes, somos una familia trabajadora", lamentó el tío de Lyan, destacando el sacrificio financiero que tuvieron que hacer para asegurar su retorno.

Lyan fue entregado a campesinos en una zona rural, quienes lo trasladaron a la Defensoría del Pueblo. Este acto puso fin a su calvario, pero no a la controversia que rodea la actuación del gobierno. La familia criticó la falta de apoyo y la indiferencia del presidente Petro, quien solo reaccionó públicamente 18 días después del secuestro.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad y el rol del Estado en la protección de sus ciudadanos, especialmente los niños. La familia de Lyan concluyó que su liberación fue un esfuerzo personal, no un éxito estatal, lo que subraya la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias contra el secuestro en Colombia.