Por: karol Yulieth Lopéz león

El ministro Benedetti anunció el decreto para una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar del rechazo del Senado. La decisión genera un fuerte choque institucional y un debate jurídico crucial.

El Gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, anunció el pasado 3 de junio la inminente emisión de un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. Esta decisión llega dos semanas después del rechazo de la propuesta por parte del Senado, desatando una fuerte controversia política e institucional.

El 14 de mayo, el Senado rechazó la propuesta de consulta popular por una mínima diferencia de votos. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta irregularidades en el proceso legislativo, específicamente la falta de lectura previa a la votación como estipula el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. Esta justificación permite al Gobierno, según su interpretación, convocar la consulta por decreto.

El ministro Benedetti afirmó que el decreto está listo y será publicado en las próximas horas. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha anunciado acciones legales ante esta decisión. Mientras tanto, una relatoría de la Corte Constitucional, aunque no vinculante, indica que el Ejecutivo no puede convocar una consulta sin la aprobación del Senado.

La consulta busca respaldar la controvertida reforma laboral, especialmente el artículo 37 sobre trabajo por horas. Esta disposición ha generado fuertes críticas de las centrales obreras, que la consideran una forma de precarización laboral. El choque entre el Ejecutivo y Legislativo, y la potencial decisión de la Corte Constitucional, ponen en entredicho la fortaleza institucional y el futuro de la reforma laboral en Colombia. La decisión del gobierno abre un debate crucial sobre los límites del poder presidencial y la necesidad de un diálogo constructivo entre los poderes del Estado.