Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La justicia guatemalteca fracasó en su intento de lograr la captura internacional del exministro colombiano Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Interpol rechazó la solicitud de circular roja, dejando en evidencia la debilidad jurídica de la acusación.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) desestimó la petición de Guatemala para emitir una circular roja contra el exministro colombiano Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, acusados de presuntos delitos relacionados con el caso Odebrecht. Esta decisión representa un duro revés para la Fiscalía guatemalteca.


La solicitud de captura, impulsada por la Fiscalía de Guatemala, se basaba en acusaciones de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión. Estas imputaciones, según la Fiscalía guatemalteca, se relacionan con la investigación del caso Odebrecht. El rechazo de Interpol fortalece la postura del Gobierno colombiano, quien desde el principio rechazó la solicitud como un acto de persecución política.

El periodista Julio Sánchez Cristo de La W Radio confirmó la decisión de Interpol, citando al jefe de la organización. Esta confirmación pone fin a la incertidumbre generada por la solicitud guatemalteca. La noticia ha sido recibida con alivio por el Gobierno colombiano y por quienes defienden la independencia judicial.

La solicitud de captura se originó en el contexto del caso Odebrecht, y se enmarca en una serie de acciones legales que, según algunos analistas, buscan deslegitimar las investigaciones sobre corrupción en la región. La inmunidad internacional de Velásquez y Camargo, amparada por el acuerdo de la CICIG, resulta clave en la decisión de Interpol. El rechazo de la solicitud deja entrever las debilidades en el sustento jurídico de la misma.

Este hecho no sólo evidencia la falta de fundamento en las acusaciones contra Velásquez y Camargo, sino también la importancia de la cooperación internacional basada en el respeto al derecho internacional y la independencia judicial. La decisión de Interpol constituye un triunfo para el Estado de derecho y un llamado a la prudencia en el uso de mecanismos internacionales de justicia.

Fotografía de RTVC