Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, denuncia una nueva ola de persecución desde Guatemala, tras una orden de captura internacional. El Gobierno colombiano rechaza la medida.

La justicia guatemalteca, bajo la batuta de una fiscal general calificada como corrupta por Estados Unidos y sancionada por la UE, emitió una alerta roja de Interpol contra el embajador colombiano en El Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo. Esta acción se suma a una ola de persecuciones contra exfuncionarios de la CICIG.

El conflicto se remonta a la década pasada, cuando Velásquez lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), logrando importantes avances en la lucha contra la corrupción. Su exitosa gestión, que incluyó la judicialización de numerosos casos de corrupción, parece ser la causa principal de la persecución actual, según afirma el propio Velásquez. La orden de captura, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, también afecta a otros exfuncionarios guatemaltecos. La medida ha generado una fuerte respuesta por parte del gobierno colombiano.


Velásquez, a través de su cuenta en X, denunció la "persecución" en su contra y la de Camargo, atribuyéndola a la fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche. "La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, afirmó el embajador. En mensajes posteriores, resaltó el exilio forzado de numerosos jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, asegurando que la justicia guatemalteca volverá a su rumbo una vez que la “oscuridad judicial” termine.


La orden de captura, sin embargo, no tiene efecto sobre los funcionarios colombianos debido a su inmunidad diplomática. Este caso evidencia la compleja lucha contra la corrupción en Guatemala y las represalias contra quienes la enfrentan. Las acciones de la fiscal general guatemalteca, cuestionada internacionalmente, han generado preocupación por el estado de derecho en el país. La inmunidad diplomática de Velásquez y Camargo, aunque protege a los funcionarios en este momento, no disminuye la gravedad de las acusaciones ni el contexto de persecución política.


La labor de Iván Velásquez al frente de la CICIG entre 2007 y 2019 dejó un legado significativo, con 11 casos nuevos judicializados y 101 sentencias, según el informe final de la comisión. Esta persecución destaca la dificultad de combatir la corrupción sistémica y las represalias que sufren quienes se atreven a enfrentarla. El caso pone en evidencia la necesidad de una reforma judicial en Guatemala y una mayor protección internacional para quienes luchan por la transparencia y la justicia.