Por: Miguel Angel Trujillo

Un ambicioso acuerdo entre Colombia y Venezuela para crear una zona económica fronteriza en La Guajira, Cesar y Norte de Santander genera debate. El gobierno colombiano lo ve con optimismo, mientras la oposición teme por la soberanía nacional.

En 2025, Colombia y Venezuela sellaron un acuerdo para una zona binacional de integración económica y social, generando un intenso debate político. El plan abarca extensas áreas fronterizas, incluyendo departamentos colombianos y estados venezolanos.

El anuncio oficial, hecho por los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, propone una zona de cooperación para impulsar el comercio, la inversión, la producción agroalimentaria y la cooperación en áreas sociales como salud, educación y cultura. La iniciativa busca la integración económica y el desarrollo conjunto de la región. La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, destacó la posibilidad de un desarrollo “inclusivo y sostenible”. Se estableció un grupo de trabajo binacional para coordinar acciones. Maduro resaltó el interés de países como China, India, Rusia y Turquía en invertir en la zona.


El expresidente Álvaro Uribe, figura clave de la oposición, criticó el acuerdo calificándolo como una “entrega de soberanía”. El presidente Petro, en respuesta, argumentó que la iniciativa busca, por el contrario, arrebatar el control territorial a grupos criminales. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la soberanía colombiana se mantendrá. El acuerdo, sin embargo, aún carece de detalles concretos sobre su implementación.


El acuerdo binacional surge en un contexto de renovadas relaciones entre Colombia y Venezuela tras años de tensión. Ambos países buscan impulsar su economía y fortalecer la cooperación regional, aprovechando la potencialidad de sus recursos fronterizos. La implementación del acuerdo requerirá una compleja coordinación entre los gobiernos y una cuidadosa gestión para evitar tensiones.


El acuerdo plantea una oportunidad significativa para el desarrollo económico y social de la región fronteriza, pero también conlleva riesgos potenciales relacionados con la soberanía y la seguridad nacional. El debate en torno a la implementación y los posibles impactos a largo plazo será crucial para determinar el éxito de la iniciativa.