Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Ocho partidos políticos colombianos denuncian intento presidencial de convocar consulta popular vía decreto, calificándolo como inconstitucional y atentatorio contra la democracia. Advierten de un riesgo para el Estado de Derecho.

En Bogotá, el pasado lunes 3 de junio de 2025, la tensión política escaló considerablemente. Ocho partidos de oposición y centro firmaron un comunicado conjunto expresando su férreo rechazo a la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, sin la aprobación previa del Senado. Esta acción, según las colectividades, representa una grave amenaza a la institucionalidad colombiana. La decisión presidencial ha generado una fuerte controversia.

El comunicado, firmado por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI, denuncia un claro intento de desconocer el proceso legislativo. Los firmantes alertan sobre la gravedad de la situación y llaman a la ciudadanía a defender las instituciones democráticas. Señalan una presunta instrumentalización de causas sociales con fines políticos, y la consecuente presión y descrédito contra el Congreso.

Líderes de los partidos involucrados expresaron su profunda preocupación. Se enfatizó la necesidad de que las instituciones como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado actúen con independencia para evitar lo que consideran una vulneración del orden constitucional. Se confía en que el Registrador Nacional no avalará una consulta que no cumpla con los requisitos legales. La preocupación por la posible ruptura del equilibrio de poderes fue ampliamente expresada.

El gobierno de Petro se ha justificado argumentando la urgencia de la consulta popular. Sin embargo, la oposición considera que esta justificación no es suficiente para ignorar los procesos establecidos en la Constitución. Este enfrentamiento ha exacerbado la polarización política, poniendo en el centro del debate la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes. Las consecuencias de esta disputa podrían ser de gran alcance, afectando la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones.