Por: karol Yulieth Lopéz león

Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala tras orden de captura contra funcionarios colombianos. Petro responde prohibiendo el ingreso de la fiscal guatemalteca Consuelo Porras.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció en un consejo de ministros televisado desde Bogotá una medida sin precedentes: la prohibición de entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta decisión, oficializada por la canciller Laura Sarabia mediante un acto administrativo, se tomó como respuesta directa a una orden de captura emitida por la Fiscalía guatemalteca contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez. La medida generó un fuerte impacto en las relaciones bilaterales y ha sido ampliamente criticada por sectores conservadores.

El presidente Petro, en su alocución, acusó a Porras de “denostar a gente honesta colombiana” y de burlarse de la dignidad nacional, llegando a señalar sus vínculos con “amigos mafiosos”. Por su parte, la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, calificó la orden de captura como un acto de retaliación política por su lucha contra la corrupción en Guatemala, mientras que Iván Velásquez, reconocido por su trabajo en la CICIG, manifestó su convicción de que la justicia prevalecerá. La medida de Petro ha sido respaldada por sectores progresistas que la ven como una defensa de la soberanía nacional.

Los hechos se desencadenaron tras la emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala. Esta acción, según el gobierno colombiano, es una clara muestra de la persecución que sufren los funcionarios que se enfrentan a redes de corrupción transnacionales. La decisión de Petro se entiende en este contexto de lucha contra la impunidad y la defensa de la integridad de sus funcionarios. El anuncio televisado buscaba transparencia y una respuesta contundente ante lo que el gobierno considera una agresión.

La prohibición de ingreso a Porras representa una escalada significativa en el conflicto diplomático entre Colombia y Guatemala. Las consecuencias de esta acción podrían ser de gran envergadura, afectando las relaciones bilaterales y generando tensiones en el contexto regional. La postura de la comunidad internacional, que ha sancionado previamente a Porras por socavar la justicia, será crucial para definir el futuro de esta crisis. El caso pone en relieve la complejidad de la lucha contra la corrupción y la fragilidad de las relaciones diplomáticas en América Latina ante intereses políticos encontrados.