Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Ángela María Buitrago renuncia como ministra de Justicia en Colombia, denunciando injerencias indebidas en su gestión por altos funcionarios del Gobierno.

El 16 de mayo de 2025, la noticia de la renuncia de Ángela María Buitrago como ministra de Justicia sacudió el panorama político colombiano. Buitrago, quien ocupó el cargo desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, alegó haber enfrentado presiones e injerencias indebidas por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez. Esta situación la llevó a presentar su renuncia, argumentando un compromiso con la transparencia y la justicia.

Entre los protagonistas de este episodio se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien rápidamente salió al paso de las acusaciones. En una declaración pública, Petro desmintió las afirmaciones de Buitrago, asegurando que fue él quien solicitó su renuncia, y defendió la integridad de Benedetti y Rodríguez. “No debemos acusar a inocentes sin pruebas concretas”, afirmó el mandatario, intentando apaciguar las aguas en un momento de evidente tensión gubernamental.

La renuncia de Buitrago no solo revela las fricciones dentro del gabinete, sino que también plantea preguntas sobre la dinámica de poder y la autonomía de los ministerios en Colombia. Según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Buitrago habría enfrentado múltiples obstáculos en su intento por llevar adelante reformas judiciales importantes, encontrándose repetidamente con barreras políticas que limitaban su capacidad de acción.

Este incidente pone de manifiesto las complejidades del ejercicio del poder en Colombia y las dificultades que enfrentan los funcionarios que buscan implementar cambios significativos en un entorno político altamente polarizado y competitivo. La salida de Buitrago del Ministerio de Justicia no solo deja un vacío en una posición clave, sino que también genera incertidumbre sobre la dirección futura de las políticas de justicia en el país, en un momento en que la ciudadanía demanda mayor transparencia y eficacia en la administración pública.