Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras un nuevo acuerdo laboral, los congresistas colombianos verán incrementados sus salarios a más de 52 millones de pesos mensuales, generando amplias críticas.

Un reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales ha resultado en un aumento salarial del 7% para todos los servidores públicos, incluyendo a los miembros del Congreso. Este incremento, efectivo desde el pasado 30 de abril, eleva el salario mensual de los congresistas de 48 a más de 52 millones de pesos. Este ajuste se aplica automáticamente según la normativa vigente, que ajusta los salarios de los altos funcionarios del Estado basándose en el promedio de incrementos a otros empleados públicos.

El exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, han sido voces destacadas en la crítica a este aumento. Bolívar destacó la ironía de que congresistas, que se oponen a mejoras salariales para los trabajadores más pobres, reciban tal incremento, mientras que Navarro lo calificó como un chiste de mal gusto, reflejando la desconexión entre la realidad económica del país y los ingresos de sus políticos.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial estatal. Cualquier mejora acordada para el grueso de los trabajadores se refleja también en los salarios más altos, incluyendo automáticamente a los miembros del Congreso, que no participaron en la negociación pero que se benefician de ella.

A pesar de las críticas y el malestar ciudadano, los intentos por moderar estos ingresos, como la propuesta del senador Iván Cepeda de limitar el salario congresional a 20 salarios mínimos, permanecen estancados sin debate parlamentario. Esto contrasta con la rapidez con la que se actualizan los salarios de los congresistas cada año, y subraya la falta de voluntad política para abordar esta cuestión de manera efectiva.

Este incremento salarial, aunque legal y parte de un proceso legítimo de negociación colectiva, resalta una problemática recurrente: los políticos reciben beneficios automáticos y sustanciales, a pesar de la creciente brecha económica en el país. Este sistema de remuneración pública, que cada año extiende beneficios a la clase política sin discusión ni justificación, llama a una urgente reforma estructural que separe los aumentos de los trabajadores públicos de base de los incrementos automáticos de los congresistas.