Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Nueva medida migratoria de la administración Trump restringe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, alegando riesgos para la seguridad nacional. Se incluyen también restricciones parciales para otros 7 países.

La administración Trump ha implementado una restrictiva medida migratoria que prohíbe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, afectando tanto a inmigrantes como a no inmigrantes. La medida, que entra en vigor el 9 de junio, se basa en alegatos de riesgos a la seguridad nacional y se justifica como una acción necesaria para proteger al país de amenazas terroristas. Esta decisión ha generado un amplio debate y preocupación a nivel internacional.


La prohibición directa afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El presidente Trump, en un comunicado oficial, explicó que la decisión se tomó tras evaluar recomendaciones de diversos organismos de seguridad, destacando factores de riesgo específicos de cada país, como la presencia de grupos terroristas y la cooperación en la repatriación de ciudadanos deportados. Además, se especificó que existen excepciones para residentes permanentes, personas con doble nacionalidad y ciertas categorías de visas.


La medida también incluye una "prohibición parcial de ingreso" para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Esta prohibición parcial implica restricciones adicionales al proceso de solicitud de visa, lo cual dificulta el acceso al país para ciudadanos de dichas naciones. Se espera una mayor presión legal en contra de la medida.


Esta acción presidencial, enmarcada en una retórica de seguridad nacional, ha generado controversia, pues críticos la califican de discriminatoria y xenofóbica, argumentando que generaliza riesgos basándose en la nacionalidad y no en evaluaciones individuales. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir tensiones internacionales, un mayor deterioro de las relaciones con los países afectados y un aumento en la demanda de asilo político. La medida además podría ser legalmente retada en los tribunales.