Por: Miguel Angel Trujillo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, cuestionó a la fiscal de su caso durante una audiencia clave, acusándola de "fiscalizar al oponente".

El 22 de mayo de 2025, en una audiencia judicial en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó acusaciones de presunta manipulación de testigos. Durante el proceso, Uribe expresó fuertes críticas hacia la fiscal encargada, alegando que su actuación estaba motivada por intereses adversos. Este juicio es parte de una serie de investigaciones que han capturado la atención pública y mediática del país.

Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exrepresentante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral, fue uno de los testigos principales. En su declaración, que se extendió por más de seis horas, defendió la inocencia de Uribe y negó cualquier acto ilegal por su parte. Prada destacó su respeto y admiración por Uribe, contradiciendo las acusaciones de Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, quien implicó a Uribe en intentos de retractación de otro testigo.

El contexto del juicio se complica con las declaraciones de testigos y las acusaciones cruzadas. Los alegatos de Prada buscan desmentir las afirmaciones previas que señalan a Uribe como partícipe en la manipulación de testimonios. Este juicio no solo es crucial para el futuro legal de Uribe, sino que también tiene implicaciones significativas para la política colombiana.

Este caso resalta la polarización y las tensiones dentro del sistema judicial y político de Colombia. Las críticas de Uribe hacia la fiscal reflejan una desconfianza hacia el manejo del caso y, posiblemente, una estrategia para influir en la percepción pública sobre su inocencia. Las consecuencias de este juicio podrían afectar no solo la carrera política de Uribe, sino también la credibilidad de las instituciones judiciales en Colombia.