Por: Miguel Angel Trujillo

En una audiencia clave, el expresidente colombiano Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas contra la fiscal de su caso, acusándola de perseguir opositores políticos. El juicio investiga una presunta manipulación de testigos.

El 22 de mayo de 2025, en un tribunal de Colombia, se vivió un momento tenso cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrentando acusaciones de manipulación de testigos, cuestionó abiertamente el proceder de la fiscal encargada de su caso. Uribe, quien ha mantenido una figura prominente en la política colombiana, defendió su inocencia y argumentó que las acciones de la fiscalía estaban políticamente motivadas.

Durante la audiencia, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exrepresentante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral, prestó declaración en defensa de Uribe. Prada, quien también es investigado por hechos similares, negó cualquier acto ilegal y expresó su respeto y admiración por Uribe. Resaltó la falsedad de las acusaciones hechas por Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, quien implicó a Uribe en intentos de retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve.

El contexto del juicio se complica con las declaraciones de testigos y la polarización política que rodea el caso. La crítica de Uribe a la fiscal refleja una estrategia de defensa que busca deslegitimar la base de las acusaciones, sugiriendo un sesgo político en el proceso judicial.

Este enfrentamiento no solo pone en juego la reputación de Uribe sino que también podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial de Colombia. La percepción de imparcialidad y la integridad de las instituciones judiciales están en observación, mientras el país sigue de cerca el desarrollo de uno de los juicios más polémicos de su historia reciente.