Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La violencia desatada en el Catatumbo deja un saldo de 135 asesinatos en cinco meses, generando una crisis humanitaria con miles de desplazados y comunidades confinadas. El abandono estatal y el control territorial de grupos armados son los responsables de esta tragedia.

La región del Catatumbo vive una espiral de violencia sin precedentes. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN han intensificado los combates, dejando una estela de muerte y destrucción. La falta de presencia estatal y el constante recrudecimiento de la violencia mantienen a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.


El Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana, se ha convertido en un escenario de guerra. La región, históricamente afectada por la pobreza y la falta de oportunidades, ahora enfrenta una crisis humanitaria agravada por la intensificación de la lucha armada. El conflicto armado perdura a pesar de los esfuerzos de diálogo y negociación.

Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales sobre los recientes combates entre El Tarra y Tibú, donde se reportan al menos diez muertos entre miembros de las facciones armadas. La falta de información oficial dificulta la comprensión completa de la magnitud de la tragedia y genera incertidumbre entre la población. Organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación independiente sobre los hechos.


Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN se centran en el control territorial por el narcotráfico y otros recursos ilegales. La situación se agrava por la debilidad institucional y la falta de presencia efectiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto crea un vacío de poder que los grupos armados aprovechan para consolidar su dominio, causando un daño inmenso a la población civil.


El desolador resultado de este conflicto es una población devastada. Más de 67.800 personas se han desplazado de sus hogares, y al menos 12.913 permanecen confinadas, según la Defensoría del Pueblo. La falta de acceso a bienes y servicios básicos, sumada a las amenazas constantes, secuestros y desapariciones, convierten al Catatumbo en una zona de riesgo extremo para la población civil que exige una intervención urgente e integral por parte del gobierno nacional.