Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras seis horas de reunión, el presidente Petro lideró una comisión que acordó medidas urgentes para garantizar la seguridad de candidatos y precandidatos en las próximas elecciones. Se activarán mecanismos de protección y se impulsará un pacto político nacional.

El gobierno de Gustavo Petro, en un esfuerzo por asegurar unas elecciones justas y pacíficas, ha dado un paso crucial para proteger a los candidatos. Se implementarán medidas concretas para garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos políticos.


La Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, encabezada por el presidente Petro, reunió a más de 130 representantes del gobierno, partidos políticos (incluyendo oposición e independientes), Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de control y observadores internacionales. El encuentro se centró en la implementación efectiva del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), concebido para promover una cultura de paz y prevenir la violencia política.


Se acordó la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) para precandidatos presidenciales y de Congreso, así como la creación de mesas de trabajo para revisar las medidas de protección individualizadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional jugarán un papel fundamental en este proceso. Además, se realizará una convocatoria permanente de la subcomisión de protección, liderada por la UNP y la Policía Nacional.


La decisión de impulsar un pacto político nacional, inspirado en el Acuerdo de Paz, representa un intento de lograr un consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Si bien las medidas adoptadas son un paso importante, su efectividad dependerá de la voluntad política de todos los actores involucrados para garantizar la seguridad de los candidatos y la transparencia del proceso electoral. El éxito del pacto y la implementación efectiva de las medidas de seguridad serán cruciales para la legitimidad del próximo proceso electoral.