Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El presidente Petro anunció una consulta popular por decreto, generando fuertes críticas de exministros y cuestionamientos sobre la legalidad de su decisión. La medida desató una crisis política.

El martes, Petro justificó su accionar como la única vía para que el pueblo se exprese tras el presunto bloqueo en el Senado a una consulta. El exministro Luis Carlos Reyes lo criticó fuertemente, comparándolo con acciones ilegales de otros funcionarios.

El anuncio presidencial, realizado en cadena nacional el martes 3 de junio, sacudió el país. Petro argumentó irregularidades en el Senado durante la votación del 14 de mayo que frustró una consulta popular sobre temas cruciales para su agenda. La decisión se tomó por decreto, pasando por encima del Congreso.

Entre los involucrados, se encuentran el exministro de Defensa, Ricardo Bonilla, investigado por la Fiscalía; el ministro del Interior, Armando Benedetti, presunto artífice de la consulta; y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señalado por Petro de obstrucción. El senador Édgar Díaz Contreras también es mencionado por un supuesto cambio de voto. Estas acusaciones agudizan la polarización política.

El gobierno defiende la consulta popular como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, mientras los críticos acusan a Petro de autoritarismo, rompiendo las normas democráticas. Las consecuencias podrían ser graves, desde una crisis constitucional hasta la profundización de la división social. La decisión deja en evidencia la fragilidad de la coalición de gobierno y la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El debate sobre la legalidad del decreto y el impacto en la gobernabilidad se encuentra en su punto álgido.