Por: Miguel Angel Trujillo

La Procuraduría investiga al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presuntas fallas en la protección de miembros del Centro Democrático desde 2023. La investigación se da tras una queja formal por la falta de respuestas a solicitudes de refuerzo de seguridad.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, enfrenta una investigación disciplinaria por la Procuraduría. La investigación se centra en presuntas omisiones en el fortalecimiento de esquemas de seguridad para miembros del partido Centro Democrático. Se alega una falta de respuesta a solicitudes presentadas desde 2023.


La investigación se inició a raíz de una queja formal presentada por Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, quien denuncia la ineficacia de la UNP para responder a las peticiones de protección para sus afiliados. Aunque el atentado reciente contra el precandidato Miguel Uribe Turbay no se menciona explícitamente en la queja, el caso resalta la vulnerabilidad de figuras políticas del partido. La falta de respuesta efectiva a las solicitudes de seguridad genera preocupación sobre la eficiencia y la capacidad de respuesta de la UNP.


La Procuraduría ha ordenado la realización de pruebas y ha solicitado un informe detallado a la UNP en un plazo de 10 días. Se espera que este informe aclare la situación y determine si hubo efectivamente negligencia por parte de la entidad. La investigación se centra en determinar si las omisiones denunciadas comprometieron la seguridad de los miembros del Centro Democrático. El desarrollo de la investigación podría afectar la credibilidad de la UNP y su capacidad para garantizar la seguridad de las figuras políticas en Colombia.


Este caso pone en relieve la necesidad de una evaluación exhaustiva de los protocolos de seguridad de la UNP y la importancia de una respuesta oportuna y efectiva a las solicitudes de protección. Las posibles consecuencias de esta investigación van desde sanciones disciplinarias para el director de la UNP hasta una reforma profunda de los procedimientos de la entidad. La transparencia en el proceso es crucial para generar confianza en la población y asegurar la protección efectiva de todos los ciudadanos que requieren de ella.